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Responsabilidad Ambiental. Actividades clasificadas prioridad 3

26.06.20España

Informamos que ya ha sido publicada la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre que obliga a las actividades prioridad 3, a evaluar la necesidad de formalizar la garantía financiera para hacer frente a la Responsabilidad ambiental inherente a las actividades antes del 14 de octubre de 2021

EU medical device regulation MDR 2017/745

El 23 de octubre de 2007, el Estado español aprobó la Ley 26/2007 de responsabilidad ambiental.

El objetivo general de la Ley es el de fomentar la prevención y evitar o minimizar los posibles daños ambientales significativos por contaminación, causados por cualquier actividad económica profesional, pública o privada (denominados genéricamente operadores). Y si se producen dichos daños, garantizar su reparación.

La Ley 26/2007 establece que los operadores incluidos en el anexo III de esta Ley, (salvo algunas exenciones), que tienen asociado un riesgo de causar daños ambientales significativos, deberán disponer de una garantía financiera mínima obligatoria que asegure los recursos económicos necesarios para hacer frente a las responsabilidades de los operadores, ordenando las actividades en 3 prioridades. Para las actividades con prioridad 1 y 2 ya ha prescrito el plazo para determinar la cuantía de la garantía financiera y haber presentado una declaración responsable al Organismo competente.

Aquellas actividades clasificadas como prioridad 3, y de acuerdo con la entrada en vigor de la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre se deberá evaluar la necesidad de formalizar la garantía financiera para hacer frente a la Responsabilidad ambiental inherente a las actividades antes del 14 de octubre de 2021.

Con la finalidad de poder determinar si es preceptivo y calcular el importe de la garantía financiera mínima es necesario realizar un Análisis y Evaluación del Riesgo Ambiental de acuerdo con la Norma UNE 150008 u otras normas equivalentes, cuantificar el coste económico del daño resultante del análisis de riesgo y finalmente presentar una declaración responsable al Organismo Competente.

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